Las consecuencias socio económicas de la pandemia y el cambiante escenario epidemiológico, cuya emergencia se prolonga en el tiempo, han agudizado la crisis de las Pymes prestadoras de salud ambulatoria.
Hemos señalado ya largamente la gravedad de la situación que venía arrastrando el sector antes de marzo de 2020; resumida en la inflación de los costos sin un correlativo proporcional aumento de los aranceles, plazos de pago a los prestadores de entre 60, 90 y más de 120 días, intermediación, en un contexto de un progresivo proceso de concentración económica en el financiamiento y la prestación. Y planteamos también reiteradamente la necesidad de políticas activas, de orden fiscal, laboral, y normativo a fin de preservar la subsistencia de las Pymes de salud.
El sector de la medicina ambulatoria de diagnóstico y tratamiento, como componente del primer nivel de atención -puerta de entrada al sistema de salud- tiene un rol social y una responsabilidad fundamental en asegurar el acceso a los servicios de salud, las actividades de prevención primaria, el control de patologías crónicas, la contención del gasto sanitario y el impacto positivo que genera en el desempeño de la economía y en el bienestar de la sociedad.
La emergencia de COVID19 agudizó dramáticamente las enormes dificultades preexistentes del sector, así como reveló capacidades, habitualmente subestimadas, que permitieron sostener una respuesta asistencial consistente, aún en ese marco.
Nuestras empresas fueron fuertemente afectadas por las restricciones a la circulación, con una fenomenal caída de la demanda, y el incremento de los costos de los insumos. Sumado ello a la necesidad de sostener y proteger a los equipos de trabajo, el activo más importante con el que contamos.
Todo ello puso en jaque la viabilidad financiera y económica de las instituciones.