Mediante una presentación dirigida al Superintendente de Servicios de Salud, Doctor Daniel Alejandro López, la Cámara solicito, en los términos de las Leyes 26.682 y 23.661 y sus normas complementarias y reglamentarias, la urgente instrumentación del rol que en materia de fijación de aranceles prestacionales le otorga al Consejo Permanente de Concertación la Ley 26.682, el Decreto 1993/2011 y la Resolución 127/2019: “ participara en la elaboración de normas y procedimientos a los que se ajustara la prestación de servicios, modalidades y valores retributivos, y funcionara como marco de discusión paritaria periódica a los efectos de la actualización de dichos valores”. De igual manera en cuanto a lo dispuesto por la Ley 23.661 en su artículo 35 en relación a los Agentes del Seguro de Salud.
La fuerte depreciación arancelaria y el estado de permanente desfinanciamiento están ahogando al conjunto de las empresas prestadoras. CA.DI.ME viene alertando sobre el impacto negativo que soportan los prestadores independientes, dados los fuertes aumentos de sus costos operativos y de la presión fiscal, mientras sus ingresos dependen de valores arancelarios rígidos, definidos básicamente por los propios financiadores.
Además, estos aranceles depreciados se cobran con 60, 90 y hasta 120 días de retraso, con quita de valores facturados sin ningún tipo de justificación operativa ni documental y en algunos casos a través de mecanismos de intermediación como las denominadas gerenciadoras.
Sin la determinación de aranceles prestacionales en base a costos de producción – en el marco de la Ley 26.682 y 23.661-, la regulación de los plazos de pago y la transferencia de los mayores fondos que reciban los financiadores a sus prestadores, será imposible que estos puedan afrontar la fuerte suba de sus costos.